Nuestro territorio es mucho más que un conjunto de tierras y aguas. Es el espacio físico en el que se forja la patria y la esperanza de una vida mejor. Es el hogar de las prácticas cotidianas que constituyen la identidad y la cultura.
Es el lienzo donde se plasma el desarrollo social, se reconfigura el poder y se imaginan, se negocian y se reproducen los trazos de lealtad, solidaridad y cooperación.
La alteración del territorio, a causa de la construcción de carreteras, sistemas ferroviarios, presas, refinerías y proyectos mineros, la extracción de petróleo, la delimitación de fronteras o la imposición de sanciones al usufructo de recursos naturales y los cambios de uso de suelo, conforma nuevas territorialidades que necesariamente implican distintos modos de aprovechamiento y viceversa; es un vaivén constante que, con frecuencia, nos hace olvidar la fragilidad y la interconectividad de los sitios que nos hospedan y dan sustento.
En México, el ámbito terrestre (1.96 millones de km2) y la superficie marina (3.27 millones de km2), que comprende la zona económica exclusiva, suman la asombrosa cifra de 5.23 millones de km2. Sin embargo, es preocupante el acelerado deterioro de vegetación, suelos, cuerpos de agua y costas, en particular en el último siglo. Si el proceso persiste, nuestro país no resistirá el embate y el colapso será inevitable. Por eso, es urgente adoptar instrumentos de política pública que brinden transparencia a la gestión del territorio, en especial respecto al otorgamiento de concesiones extractivas a entidades públicas y privadas.
El cuidado y el manejo del territorio nacional carecen de una visión y un plan de largo plazo con fundamento científico y en beneficio de nuestra vocación geográfica. Estaremos lejos del objetivo deseado mientras prevalezcan, por ejemplo, las concesiones mineras en áreas naturales protegidas, las concesiones de agua que vulneran el equilibrio de los acuíferos y las autorizaciones de pesca comercial que soslayan la dinámica del ecosistema al definir los volúmenes de extracción de una especie. El primer paso para subsanar las deficiencias es transparentar el otorgamiento de concesiones y garantizar el acatamiento de sus condiciones por medio de inspecciones.
Los instrumentos de política pública que regulan el territorio y el entorno natural en México son formulados y administrados por diversas instituciones, con escasa o nula coordinación entre sí. Es común que incumplan el estándar de datos abiertos establecido en las disposiciones nacionales e internacionales sobre transparencia, lo cual produce asimetrías de información que dificultan el ejercicio libre y oportuno de los derechos ciudadanos y obstaculizan la generación de conocimiento para corroborar la observancia y la idoneidad de las medidas orientadas a la defensa del interés común. En ese contexto, es importante reconocer los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema (cartocritica.org.mx y fundar.org.mx) e impulsan la disponibilidad de los datos públicos georreferenciados y su utilización en el diseño de políticas públicas.
Con el propósito de avanzar en la ruta recomendada, es indispensable fortalecer los mecanismos para el acceso público y gratuito a la información oficial actualizada sobre la gestión ambiental y territorial en México, en formatos que faciliten la elaboración de análisis, herramientas cartográficas y bases de datos históricas sobre el régimen administrativo de la excepcional geografía del país. El enfoque propiciará sanas prácticas de auditoría ciudadana y permitirá a la autoridad la toma de decisiones responsables para la efectiva gestión integral del territorio. Solo así mantendremos viva, funcional, viable y competitiva nuestra espléndida e irremplazable casa mexicana.